Durante muchos años las políticas de protección ambiental en Michoacán no rebasaron el papel en que estaban escritas y la aplicación de las leyes en la materia era la excepción. Las condiciones no podían ser mejores para el crecimiento ilegal del cultivo aguacatero, que respaldado por una política gubernamental de beneficios marginales a quienes eran propietarios de los bosques, que desmotivaba su posesión y cuidado, terminó por arrastrar a miles de propietarios a cambiar los pinos por los aguacates o a vender a “buen” precio la hectárea de bosque a los grandes capitales frutícolas para convertirlas en “oro verde”.

De acuerdo con datos oficiales año con año se venían (vienen) incorporando a la ilegalidad aguacatera alrededor de 20 mil hectáreas, dando como resultado que a la fecha prácticamente la mitad de ese cultivo esté instalado contra la ley en terrenos forestales. Si en Michoacán se puede hablar -por aproximación-  de 200 mil hectáreas aguacateras, debe considerarse que la mitad, 100 mil están al margen de la ley. El “oro verde” genera una renta elevada y atrae capitales importantes.  Sin embargo, los datos no deben verse sólo desde la perspectiva técnico-productiva, de la cantidad de millones que este producto genera. El problema es que la devastación, la pérdida de bosques y aguas está llevando a que colapse el amplio, complejo e interconectado habitat en que vivimos todos los michoacanos.

La firma de un acuerdo, que en ese horizonte, realizó el gobierno estatal el 2 de agosto con pequeños productores de Madero, Acuitzio, Tzitzio y Tacámbaro, y en el que se establece el compromiso de recuperar para la reforestación hasta el 30% de los predios participantes y el pago por servicios ambientales de 7 mil pesos anuales por hectárea, es un avance importante. Si el acuerdo también lo firman los grandes productores ilegales, los michoacanos tendremos una recuperación de 30 mil hectáreas. Lo cual es bastante positivo.

Es obvio que habrá, desde la codicia y el cinismo,  resistencias a esta propuesta. Ya el viernes 4 de agosto algunos productores de Zacapu, Coeneo, Villa Jiménez, Tlazazalca y Purépero, lo rechazaron bajo el argumento de que es lesivo a la economía familiar. Lo que es totalmente falso, una hectárea de aguacate produce entre 8 y 10 toneladas anuales, y cada tonelada se paga entre 20 y 30 mil pesos. El pago de 7 mil pesos anuales por los servicios ambientales no demerita la rentabilidad del cultivo. Es una pifia, o franca desvergüenza, sostener que la producción de aguacate genera marginalidad.

Como respuesta el gobierno debe modificar la estrategia, tiene que adelantar urgentemente el decreto para establecer la Norma Ambiental del Aguacate Michoacano, de tal manera que todas aquellas huertas que han sido instaladas sobre la base de la destrucción forestal y de ecosistemas, a menos que se acojan al acuerdo, deberán quedar excluidas. De otra manera la destrucción de los bosques continuará imparable. Está visto que muchos productores ilegales sólo ven el color de los billetes que ingresan a sus bolsillos, no asumen su responsabilidad legal, ni menos la autoría ecocida que está precipitando a la entidad a la catástrofe. En sentido estricto el Estado no debería estar negociando la aplicación de la  ley. Vaya, no tienen cara para condicionar su ingreso a la legalidad. Quieren amnistía, pero con el Estado y la sociedad de rodillas ¡Eso no debe permitirse!

No obstante que el acuerdo significa un avance debemos decir que para una satisfactoria plenitud ambiental debe contener de manera explícita el tema estratégico del agua. Una gran cantidad de localidades han sido rodeadas y literalmente asfixiadas por huertas aguacateras ilegales que han ocasionado la disminución o extinción de sus mantos acuíferos y han instalado enormes ollas que retienen el agua que debería, por ley, correr por los arroyuelos y recargar los mantos freáticos. Es imprescindible un estudio de impacto ambiental en cada microcuenca hidrológica y ahí donde las huertas van contra el derecho humano de los pobladores de acceder al agua deben ser desinstaladas y recuperadas a su vocación natural.

Tampoco está incluido el tema de los cañones antigranizo, que por su propósito manifiesto, son una violación a las leyes ambientales. En este caso todos los productores deben comprometerse a desinstalarlos o el gobierno debe aplicar operativos específicos para su erradicación.

Por su parte las instituciones de salud del gobierno deben generar un informe sobre el impacto en trabajadores y en la población abierta del uso masivo de químicos en las huertas aguacateras. Un asunto sobre el cual no se conocen datos estadísticos, pero sí localmente de casos recurrentes de personas afectadas por entrar en contacto con ellos, por ejemplo con Paraquat, un plaguicida muy toxico. De la misma manera deben conocerse los alcances de la contaminación a tierras y aguas pues de acuerdo a datos de la UNAM, cada año se utilizan en las huertas más  450 mil litros de insecticidas, 900 mil litros y 30 mil toneladas de fungicidas y de fertilizantes.

El acuerdo por sí mismo -debemos ser realistas- no detendrá la codicia, algunos productores se sentirán negativamente alentados por él (los de la región Zacapu creen que es un acto de debilidad gubernamental),  e incluso pueden generar una ola de deforestación para presionar a una nueva etapa de legalización de más huertas. Es preciso que tanto el gobierno federal y el estatal desarrollen urgentemente programas que incentiven económicamente la silvicultura y el cuidado y generación de agua, pero que también se piense junto con los productores en la instalación de plantaciones silvícolas en huertas aguacateras como alternativa económica.

El ejercicio ciudadano del derecho a un medio ambiente sano no puede pensarse sin el compromiso desde abajo, de los pueblos, las comunidades y las ciudades, que supone la organización y la participación para detener la crisis ambiental y para hacer cumplir la ley. ¡De esa participación depende que se frene la devastación ecológica de Michoacán!