Como ha ocurrido desde que los poderosos capitales aguacateros tomaron como objetivo los bosques de Michoacán para expandir sus plantaciones, al término del período de sequías e incendios forestales, el saldo es claro: el poder de los aguacateros ha vuelto a triunfar y se han impuesto a la ley y a las instituciones ambientales del gobierno.

Están de festejo los malos aguateros, los que depredan nuestros bosques, y celebran junto al Senador ecocida Ascensión Orihuela, al lado del epígono Diputado Antonio Ixtlahuac Orihuela y aplauden la conducta vergonzosa y entreguista de la mayoría de los diputados locales que presenciando la devastación permanente de los pinares y sus ecosistemas han preferido callar. Lo han logrado. Por enésima vez han refrendado el espacio de impunidad que tanto necesitan para que la renta de sus capitales siga creciendo a costa del medio ambiente y del derecho de los michoacanos a un medio ambiente saludable.

Como ha venido ocurriendo desde siempre las 11 mil hectáreas de bosques que anualmente se pierden, principalmente en el período primaveral, serán cultivadas de aguacate. Y como siempre, ningún aguacatero pisará la cárcel, y como siempre, ni un metro cuadrado será recuperado a su vocación original, y como siempre dirán que firmarán acuerdos para que no vuelva a ocurrir.

Y desde hace casi 17 años los malos aguacateros, esos que constituyen la poderosa y eficaz delincuencia ambiental organizada, esa que está dejando a Michoacán sin sus bosques y sin su riqueza biológica, salen al público a expresar su mentirosa voluntad de no continuar con el cambio de uso de suelo. Con cinismo y desfachatez se comprometen a lo que nunca han cumplido, a parar la deforestación. Y justifican luego que son otros. Pero lo cierto es que atrás de todo hay un sólo protagonista, el poderoso capital aguacatero que alentado por la codicia busca las estrategias de prestanombres para escurrir el bulto y la responsabilidad.

Los aguacateros han ganado porque hasta hace algunas semanas el gobierno estatal los había venido encarando con operativos directos en las huertas, tomándolos en flagrancia de delitos, pero su poder económico, que ha comprado senadores y diputados ha logrado llevar al gobierno a su terreno, al terreno en el que siempre han ganado: el terreno del falso diálogo y del acuerdo hipócrita. Las pruebas: desde hace más de una década los aguacateros talamontes han recurrido a la “urgencia” del acuerdo con el gobierno ante la aberrante destrucción de los bosques y de cara a la inminente intervención gubernamental por la presión social. Y una vez y otra, año tras año, la historia se repite: se firman los acuerdos de que “ahora sí” ninguna hectárea más de bosque se permitirá que cambie de uso de suelo, pero el saldo al siguiente año es una cantidad mayor de superficies arrasadas. Y entre acuerdo y acuerdo Michoacán ha acumulado 75 mil hectáreas de huertas ilegales, en cambio, no hay ningún dato que pruebe no sólo que la tendencia se ha revertido o que hemos comenzado a recuperar miles de hectáreas a su vocación forestal.

El gobierno de Michoacán venía haciendo bien el trabajo anti talamontes a través de la Mesa de Seguridad Ambiental, era imprescindible una actuación contundente. No hay de otra, o paras la destrucción ambiental o Michoacán colapsa como ya están colapsando algunas pequeñas poblaciones por falta de agua. No es momento de conceder a la delincuencia ambiental organizada ninguna tregua. A ellos les interesa la tregua, el “diálogo”, como espacio para prolongar los tiempos para seguir devastando. Ejemplo, el 8 de mayo aguacateros de Madero, Acuitzio y Tzitzio, firmaron con la Semarnacc un acuerdo para parar los operativos y se comprometieron a no hacer cambio de uso de suelo, y uno de los firmantes en esos días sembraba de zarzamora un predio forestal. Ahí están los hechos y la Semarnacc tiene el informe y las fotografías fechadas. El gobierno comete un grave error al creerle a la delincuencia ambiental organizada y concederle una mesa de diálogo para acordar por centésima vez un acuerdo que no cumplirán, y no lo harán porque ahora mismo no están cumpliendo nada.

El discurso del gobernador en materia ambiental ha sido claro, debería entonces tener consecuencias inmediatas. Es decir, debería ser el objetivo de todas las instituciones ambientalistas y de una política transversal ambiental, la idea de ¡Ni una hectárea más de cambio de uso de suelo! y tensar la fuerza de todas las instituciones involucradas para conseguirlo.

La pusilanimidad ambiental de muchos diputados es la causa de esta tragedia. El legislativo debe darle al ejecutivo superiores y más eficaces instrumentos de intervención. No bastan los textos poéticos de las leyes ambientales, hacen falta dientes, manos, pies y recursos para ir a las huertas que han matado los bosques y sancionar y recuperarlas para el medio ambiente.

Ni la sociedad michoacana, y estoy seguro que tampoco el gobierno estatal, desean que se consolide la victoria de los aguacateros. Ese triunfo es el de la muerte sobre la vida. Este poder fáctico debe ser parado ya, la impunidad que se han construido es un insulto al medio ambiente, al Estado de Derecho y a la vida que no debe tolerarse. Al menos que por cobardía nos resignemos a ver a Michoacán convertido en un páramo.