No es una novedad reconocer la presencia de la delincuencia organizada en el boyante boom aguacatero de Michoacán. Es un negocio de altísima rentabilidad que como la minería y otros ha sido penetrado por los capitales del narco. En los días críticos en que se desmantelaba el poder terrorífico de la delincuencia templaria hace tres años salieron a la luz informaciones reveladoras de los negocios del narco y entre ellos se contabilizaba la posesión, control, lavadero y extorsión en el negocio de las huertas aguacateras. Prestanombres, lavadores y criminales metidos a aguacateros, sin embargo, fueron desatendidos a la hora de darles seguimiento policiaco y al final quedaron impunes y siguieron operando con bajo perfil actuando ahora como “honrados” empresarios de este fruto.

El asesinato de siete cortadores de aguacate a las puertas de una huerta en las inmediaciones de Salvador Escalante llevó a las autoridades a dar de nueva cuenta con la punta del iceberg de este fenómeno y a encender las luces de alarma en torno a la presencia criminal en el negocio aguacatero. La acción de decomiso que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de las 200 hectáreas de esta huerta por ser una posesión de la delincuencia organizada desató una feroz reacción de los criminales que terminó destruyendo 27 automotores y desafiando a la ley y a la sociedad cerrando vías de comunicación en distintos puntos del estado.

La demencial respuesta de los criminales por el decomiso de estas 200 hectáreas pone en perspectiva la magnitud de los negocios aguacateros que el narco intenta defender en Michoacán. El Estado ha pisado un callo demasiado sensible, un negocio que le deja al crimen muchos millones de pesos al año. 200 hectáreas representan no menos de 50 millones anuales y con seguridad ellos manejan varias miles de hectáreas en diferentes zonas de la franja aguacatera. Recuérdese que de las 175 mil hectáreas la mitad son ilegales.

La ampliación incesante de las huertas aguacateras a costa de los bosques y la muerte de ecosistemas, la inversión millonaria en compra de predios forestales y en infraestructura, que en muchos sitios se realiza por empresarios emergentes, ha sido denunciada tanto por comunidades indígenas como por pequeños propietarios y ejidatarios en distintos lugares del estado como actos vinculados con personajes relacionados con el crimen organizado. En algunos predios los incendios, el desmonte, la construcción de mega ollas, el robo de agua,  y la plantación de aguacate, está asociada con la presión, amenaza y hostigamiento de grupúsculos armados contra la población de las localidades.

Quienes más iiritados están por los operativos que la Mesa de Seguridad Ambiental está realizando contra el cambio de uso de suelo y la tala de bosques son los grupos criminales que se sienten descubiertos y acotados en su afán de negocio millonario. Las investigaciones que deberán realizar las instituciones federales y estatales competentes tendrán que deslindar hasta dónde llega la presencia del crimen en el negocio aguacatero, poniendo al descubierto a sus prestanombres, haciendo recuento de los capitales invertidos, haciendo públicos los vínculos de protección que el narco-aguacate tiene con malos servidores públicos, y esclareciendo el tipo de relación que estos tienen con las grandes asociaciones de productores de aguacate que son quienes participan lavando las ganancias de la delincuencia.

El buen negocio del aguacate legal michoacano debe ser puesto a salvo de dos terribles plagas. La primera, de los narco-aguacateros que son factor decisivo en la tragedia ecológica del estado y que día con día matan nuevas hectáreas de bosque para convertirlas en huertas y que al estilo huachicolero utilizan a pequeños huerteros como arietes y escudos para lanzarlos contra el gobierno en nombre del pueblo necesitado de trabajo; y la segunda, de los políticos corrompidos, como los Orihuela, que casualmente la semana que transcurrió lanzaron una ofensiva contra la legislación pro ambientalista para lograr la impunidad en las huertas de múltiples políticos que le entraron al negocio millonario del aguacate, pero también desde la ilegalidad, talando bosques y haciendo cambio de uso de suelo.

El negocio del buen aguacate michoacano debe cuidar su mercado. El aguacate michoacano debe estar libre de la ceniza de la depredación incendiara de los bosques y de toda sospecha de ecocidio, pero también debe estar libre de toda mancha de sangre y de dolor que a la sociedad michoacana le ocasionan los repudiables narco-aguacateros.

El gobierno federal y estatal deben actuar a fondo. El asunto aguacatero no es sólo tema ambiental, es también de seguridad y de desarrollo económico sostenible. El buen aguacate debe ser puesto a salvo. Si no es así, más temprano que tarde el mercado global deberá saber que el aguacate que tiene en su mesa está manchado de sangre y muerte ocasionada por empresarios narcos o que procede de huertas que mataron ecosistemas y están destruyendo la vida de poblaciones completas.